Por Rodrigo Juárez Ortiz
Actualmente sabemos, y desde la primaria nos lo enseñan, que en contra del absolutismo ejercido por los reyes, el poder ya no lo detenta una persona sino que para su ejercicio el poder se ha dividido en Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Cada uno de ellos, ya sabemos, tiene una función específica: el Poder Legislativo se encarga de elaborar las leyes que integran nuestro sistema jurídico como consecuencia de las iniciativas que se le proponen, por personas autorizadas constitucionalmente y promulgadas por el titular del Poder Ejecutivo Federal, o local, en su caso.
El Poder Ejecutivo se encarga precisamente de ejecutar en la vía administrativa,las leyes y decretos correspondientes y el Poder Judicial Federal (también hay Poder Judicial en los estados, en materia local), se encarga de interpretar y realizar la aplicación de la justicia.
De esta guisa, las tres ramas en que se divide el ejercicio del poder es consecuencia de una actitud democrática y participativa de parte de la ciudadanía.
Como concepto general de esta apreciación podemos decir que, como dicen los que saben: “La Suprema Corte de Justicia de la Nación es el Máximo Tribunal Constitucional del país y cabeza del Poder Judicial de la Federación. Tiene entre sus responsabilidades defender el orden establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; mantener el equilibrio entre los distintos Poderes y ámbitos de gobierno, a través de las resoluciones judiciales que emite; además de solucionar, de manera definitiva, asuntos que son de gran importancia para la sociedad. En esa virtud, y toda vez que imparte justicia en el más alto nivel, es decir, el constitucional, no existe en nuestro país autoridad que se encuentre por encima de ella o recurso legal que pueda ejercerse en contra de sus resoluciones”.
En esta tesitura hemos vivido los mexicanos la aplicación de la norma constitucional a partir de su interpretación y aplicación, en primera instancia por los juzgados de Distrito; seguidamente, los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y finalmente, como se trata de asuntos de interpretación en la aplicación de la Constitución Federal, se remite a la decisión última de la SCJN.
Asimismo, el Poder Judicial Federal se integra también con el Tribunal Electoral.
Desde luego es obvio que también participan los tribunales del poder judicial de las entidades federativas y agregamos el Consejo de la Judicatura Federal, así como el Jurado Federal de Ciudadanos, y los Tribunales de los Estados y el Distrito Federal (actualmente Ciudad de México), en los casos previstos por el Artículo 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los demás en que, por disposición de la ley deban actuar en auxilio de la justicia federal.
Grosso modo este es un panorama rapsódico de la estructura del Poder Judicial Federal y lo importante del asunto es que la SCJN se ha erigido, con una fama, las más de las veces, de pulcritud y de justicia en sus participaciones, aun cuando, en algunos casos, no siempre se ha contado con la simpatía de la ciudadanía en algunas de las resoluciones de impacto masivo.
Sin embargo, no debemos olvidar que uno de nuestros verdaderos y auténticos próceres, cuya figura inmortal siempre será recordada por los honestos y agradecidos mexicanos, y me refiero a don Benito Juárez, fue este ínclito personaje de nuestra historia quien un día como mañana 5 de agosto, pero de 1867, instaló esa gran institución de impartición de justicia que es la SCJN.
No debemos olvidar que independientemente de que existan personas y lamentablemente, al frente de instituciones que no respetan ni actúan conforme a las normas constitucionales, aun así los gobernados, también destinatarios de las normas jurídicas, tenemos la obligación, por convicción y por disposición de las mismas, de respetarlas y acatarlas.
Es que resulta vergonzoso y vergonzante saber que algunos gobernantes y gobernados actúan irresponsablemente ignorando la imperatividad de la norma constitucional, realizando acciones totalmente alejadas del derecho.
Es así que debemos congratularnos por la decisión extraordinaria de Don Benito Juárez García, al instalar al Supremo Tribunal de Justicia del país, para darle cauce y solución a los problemas que aquejan a la ciudadanía, buscando resolverlos en aras de una mejor calidad de vida. O usted, favorecido lector, ¿qué opina?
Actualmente sabemos, y desde la primaria nos lo enseñan, que en contra del absolutismo ejercido por los reyes, el poder ya no lo detenta una persona sino que para su ejercicio el poder se ha dividido en Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Cada uno de ellos, ya sabemos, tiene una función específica: el Poder Legislativo se encarga de elaborar las leyes que integran nuestro sistema jurídico como consecuencia de las iniciativas que se le proponen, por personas autorizadas constitucionalmente y promulgadas por el titular del Poder Ejecutivo Federal, o local, en su caso.
El Poder Ejecutivo se encarga precisamente de ejecutar en la vía administrativa,las leyes y decretos correspondientes y el Poder Judicial Federal (también hay Poder Judicial en los estados, en materia local), se encarga de interpretar y realizar la aplicación de la justicia.
De esta guisa, las tres ramas en que se divide el ejercicio del poder es consecuencia de una actitud democrática y participativa de parte de la ciudadanía.
Como concepto general de esta apreciación podemos decir que, como dicen los que saben: “La Suprema Corte de Justicia de la Nación es el Máximo Tribunal Constitucional del país y cabeza del Poder Judicial de la Federación. Tiene entre sus responsabilidades defender el orden establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; mantener el equilibrio entre los distintos Poderes y ámbitos de gobierno, a través de las resoluciones judiciales que emite; además de solucionar, de manera definitiva, asuntos que son de gran importancia para la sociedad. En esa virtud, y toda vez que imparte justicia en el más alto nivel, es decir, el constitucional, no existe en nuestro país autoridad que se encuentre por encima de ella o recurso legal que pueda ejercerse en contra de sus resoluciones”.
En esta tesitura hemos vivido los mexicanos la aplicación de la norma constitucional a partir de su interpretación y aplicación, en primera instancia por los juzgados de Distrito; seguidamente, los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y finalmente, como se trata de asuntos de interpretación en la aplicación de la Constitución Federal, se remite a la decisión última de la SCJN.
Asimismo, el Poder Judicial Federal se integra también con el Tribunal Electoral.
Desde luego es obvio que también participan los tribunales del poder judicial de las entidades federativas y agregamos el Consejo de la Judicatura Federal, así como el Jurado Federal de Ciudadanos, y los Tribunales de los Estados y el Distrito Federal (actualmente Ciudad de México), en los casos previstos por el Artículo 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los demás en que, por disposición de la ley deban actuar en auxilio de la justicia federal.
Grosso modo este es un panorama rapsódico de la estructura del Poder Judicial Federal y lo importante del asunto es que la SCJN se ha erigido, con una fama, las más de las veces, de pulcritud y de justicia en sus participaciones, aun cuando, en algunos casos, no siempre se ha contado con la simpatía de la ciudadanía en algunas de las resoluciones de impacto masivo.
Sin embargo, no debemos olvidar que uno de nuestros verdaderos y auténticos próceres, cuya figura inmortal siempre será recordada por los honestos y agradecidos mexicanos, y me refiero a don Benito Juárez, fue este ínclito personaje de nuestra historia quien un día como mañana 5 de agosto, pero de 1867, instaló esa gran institución de impartición de justicia que es la SCJN.
No debemos olvidar que independientemente de que existan personas y lamentablemente, al frente de instituciones que no respetan ni actúan conforme a las normas constitucionales, aun así los gobernados, también destinatarios de las normas jurídicas, tenemos la obligación, por convicción y por disposición de las mismas, de respetarlas y acatarlas.
Es que resulta vergonzoso y vergonzante saber que algunos gobernantes y gobernados actúan irresponsablemente ignorando la imperatividad de la norma constitucional, realizando acciones totalmente alejadas del derecho.
Es así que debemos congratularnos por la decisión extraordinaria de Don Benito Juárez García, al instalar al Supremo Tribunal de Justicia del país, para darle cauce y solución a los problemas que aquejan a la ciudadanía, buscando resolverlos en aras de una mejor calidad de vida. O usted, favorecido lector, ¿qué opina?
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